A continuación el texto del diario del imperio en españa El país.com
La cara más dulce de la lucha estadounidense contra la gripe A la ha puesto Elmo, el personaje de Barrio Sésamo reclutado por el Gobierno para enseñarle a los niños algunas reglas básicas con las que evitar la propagación del virus. Lavarse las manos, cubrirse la boca con el codo al estornudar... La cara más oscura se libra lejos de la vista del público, en lugares como el Senado de Massachussets, donde sin apenas hacer ruido se ha aprobado la ley 2028 de respuesta contra la pandemia, que le entrega al gobernador del Estado poderes para declarar algo muy parecido a la ley marcial bajo el estado de emergencia sanitaria.
La nueva legislación contempla el arresto forzoso y sin orden judicial de cualquier sospechoso de haber contraído el virus, la vacunación obligada si las autoridades lo consideran necesario y, si ésta se rechaza, la cuarentena obligatoria. También protege al personal médico y a las fuerzas del orden contra posibles acciones legales de los ciudadanos e impone multas de hasta 1.000 dólares por día (680 euros) a quien se niegue a seguir órdenes. De momento es la legislación más agresiva que se ha aprobado a raíz del virus H1N1, aunque para llevarse a la práctica aún tiene que ratificarla el Congreso.
Según el Centro de Control de las Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) desde donde se dirige la lucha contra la nueva gripe, en Estados Unidos se han registrado más de un millón de casos. Pero al igual que en España y la mayoría de los países, las autoridades ya no llevan un recuento persona a persona, sino que trabajan con estimaciones, de manera que calculan algo más de 9.000 hospitalizaciones y 600 muertos. La gestión de una emergencia sanitaria en ese país depende de cada Estado, aunque las directrices principales se lanzan desde el mencionado organismo federal CDC.
Es ahí donde se toman las decisiones respecto a medicamentos o vacunas, algo que la Administración Obama hizo el pasado 26 de abril declarando oficialmente el estado de emergencia sanitaria. En la práctica, esa declaración, confirmada por la secretaria de Sanidad, Kathleen Sebelius, el pasado 26 de julio, daba via libre a la autorización para usos de emergencia y activaba una ley de prevención de pandemia vigente desde 2006, dos normas que autorizan al Gobierno a legalizar medicamentos experimentales y a financiar estudios en asociación con la industria farmaceútica para acelerar la llegada al mercado de vacunas con las que combatir una pandemia.
Dicho y hecho. El Gobierno federal aprobó en mayo una partida de 1.100 millones de dólares -que ahora ya llega a los 2.000 millones (unos 1.400 millones de euros)- para desarrollar vacunas con diversos laboratorios y conseguir que 195 millones de dosis estuvieran listas antes de finales de año. El resultado es que ya hay cuatro medicamentos aprobados, que empezarán a distribuirse (unas inmunizaciones serán inyectadas y otras inhaladas) a partir del 6 de octubre.
La autorización legal para el uso de medicamentos en estado de emergencia exime a las farmacéuticas de responsabilidad civil o penal frente a medicamentos que no han seguido los procedimientos de seguridad habituales, como la vacuna contra la H1N1, aunque en palabras de Howard Markel, director del Centro de Historia de la Medicina de la Universidad de Michigan y asesor del CDC, "el proceso para conseguir esta vacuna es prácticamente el mismo que se sigue anualmente para tener la vacuna contra la gripe estacional, así que no hay que preocuparse".
Nunca antes se había intentado vacunar a tanta gente -se considera que 164 millones de personas son grupos de riesgo- en tan poco tiempo -tres meses-, lo que convierte esta campaña de vacunación en la "mayor de la historia de la humanidad" en palabras de Markel. Él sostiene que como ciudadano es necesario hacerse preguntas ante el negocio que puede suponer para las farmacéuticas una pandemia pero como médico prefiere "ser acusado de demasiado precavido a tener que lamentar muertes".
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